La Unión Tranviarios Automotor encendió una nueva señal de alarma en el sistema de transporte público al denunciar posibles incumplimientos en el pago de salarios a los trabajadores del sector. A través de una nota formal dirigida al subsecretario de Transporte, Fernando Cortés, el gremio expresó su profunda preocupación por la incertidumbre que atraviesan los choferes.
El documento, firmado por el secretario general del sindicato, expone una situación crítica que podría derivar en medidas de fuerza en los próximos días.
Según detallaron, el retraso en el pago de los haberes correspondientes al mes de marzo podría desencadenar una abstención de tareas automática por parte de los trabajadores.
Desde la UTA señalaron que el cuarto día hábil del mes, fecha límite habitual para el cobro de salarios, se cumple sin certezas sobre la acreditación de los sueldos. Esta situación genera un clima de tensión creciente entre los empleados del transporte.
El gremio apuntó directamente contra las demoras en la transferencia de subsidios por parte del Estado, lo que impacta de manera directa en la capacidad de las empresas para afrontar sus obligaciones salariales.
En ese contexto, se menciona la compleja situación financiera que atraviesan varias compañías del sector.
Uno de los focos de conflicto surge a partir de declaraciones del titular de la empresa Dota, Marcelo Pasciuto, quien afirmó que “el sistema de transporte está colapsado”. Sus palabras generaron preocupación tanto en trabajadores como en usuarios.
El empresario explicó que la crisis se profundizó tras la división del sistema en tres jurisdicciones en septiembre de 2024, lo que habría provocado una desarticulación entre los ámbitos nacional y provincial. Esta fragmentación, según indicó, afecta la fluidez en la asignación de recursos.
Asimismo, Pasciuto detalló que el sector arrastra deudas correspondientes al último cuatrimestre de 2025, además de atrasos en los pagos de febrero y marzo de 2026. A esto se suma la incertidumbre respecto al financiamiento de abril.
El directivo remarcó la urgencia de contar con los fondos necesarios para cumplir con los salarios, advirtiendo que los plazos administrativos para girar el dinero a las entidades bancarias ya se encuentran vencidos o al límite.
Desde el sindicato, en tanto, consideraron inadmisible la posibilidad de que los trabajadores deban prestar servicio sin haber percibido sus haberes. “¿Nos exigen trabajar sin cobrar?”, cuestionaron en el comunicado.
La UTA también advirtió que la falta de pago constituye un incumplimiento grave que habilita legalmente la abstención de tareas sin necesidad de medidas adicionales.
Esto podría traducirse en un paro inmediato si no se regulariza la situación.
En ese sentido, el gremio alertó sobre el impacto que tendría una interrupción del servicio en millones de usuarios que dependen diariamente del transporte público para movilizarse.
Además, se remarcó que los choferes enfrentan condiciones laborales complejas, incluyendo calles en mal estado y situaciones de inseguridad, lo que agrava aún más el malestar generalizado.
El conflicto también pone en evidencia la tensión entre el sector empresarial y los distintos niveles del Estado.
Según se indicó, el Gobierno nacional habría prometido acreditar fondos durante la semana, mientras que la provincia de Buenos Aires postergó los pagos.
Esta falta de coordinación entre jurisdicciones es señalada como uno de los principales factores que agravan la crisis.
La demora en la llegada de subsidios repercute directamente en la operatividad del sistema.
Ante este panorama, desde el sector empresario se barajan alternativas como recurrir a descubiertos bancarios, aunque estos implican costos elevados que muchas compañías no están en condiciones de afrontar.
Otra posibilidad mencionada fue la colaboración de los trabajadores para mantener el servicio pese a la falta de pago, una propuesta que generó un fuerte rechazo por parte del gremio.
La UTA insistió en la necesidad de actuar con responsabilidad y evitar declaraciones que incrementen la tensión social. “Con estos sobresaltos es imposible trabajar con tranquilidad”, expresaron.
También subrayaron el impacto emocional que esta situación genera en los trabajadores, quienes enfrentan incertidumbre económica y dificultades para sostener a sus familias.
El sindicato reclamó una pronta intervención de las autoridades para destrabar el conflicto y garantizar el cumplimiento de los derechos laborales básicos.
Mientras tanto, crece la preocupación entre los usuarios ante la posibilidad de interrupciones en el servicio en los próximos días, en un contexto donde el transporte público resulta esencial.
El escenario sigue abierto y dependerá de las gestiones entre el Estado, las empresas y el gremio para evitar una medida de fuerza que podría paralizar gran parte del sistema de transporte.
